Un artículo de Santos Ochoa Torres
A través de sus intervenciones públicas y sus pastorales, la Conferencia Episcopal Española ha criticado duramente la asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, implantada en el presente curso en siete comunidades autónomas. En sus críticas, los obispos de la iglesia católica se han cuidado mucho de hablar de los contenidos concretos de la asignatura. Simplemente la critican con vaguedades, afirmando falsamente que Educación para la Ciudadanía cuestiona la autonomía de los padres; o proclaman que aceptar la asignatura es “colaborar con el mal” (el cardenal de Toledo dixit).
De sobra saben que los contenidos de la nueva asignatura ya estaban repartidos casi en su totalidad en la LOGSE, de Felipe González; y en la LOCE de Aznar, que la Iglesia aceptó sin reparos. La Conferencia Episcopal Española dice no estar de acuerdo con que el Estado a través de la Educación imponga una conciencia moral. Se creen con derecho al monopolio de su verdad (no admiten otras verdades).
La asignatura en cuestión, trata temas como la anorexia, el alcoholismo, la resolución pacífica de conflictos, el respeto al medioambiente, la libertad de expresión, el respeto a la diversidad, los valores de tolerancia, la familia… Para la Conferencia Episcopal estos contenidos son “perjudiciales para el desarrollo integral de la persona” (Iglesia Viva nº 230).
Los verdaderos motivos de la iglesia, y también del Partido Popular, para atacar “Educación para la Ciudadanía” son otros: la labor evangelizadora de la iglesia es cada vez más reducida, si se limita sólo a los muros de los templos. De ahí la necesidad de adoctrinar en las escuelas e institutos. Así lo reconoce el arzobispo de Toledo al decir que “hoy es muy difícil hacer una persona cristiana y moralmente cabal sin la enseñanza religiosa de la escuela, el colegio o el instituto”.
El discurso real está en que son muchos los motivos de la sociedad española para ser cada vez más laica. Si le sumamos el fenómeno de la inmigración, que ha traído nuevas confesiones religiosas, se explica la pérdida del monopolio espiritual de la Iglesia católica española, que gozó de todos los privilegios imaginables con su apoyo a la dictadura de Franco. La Iglesia Católica, por tanto, no está dispuesta a perder privilegios y poder (ejemplo: muchos sacerdotes y religiosas cobran del Estado en colegios e institutos. La iglesia católica recibe, por ese concepto, del Estado, de todos los contribuyentes, católicos o no, ateos, 48 millones de euros).
Parte de los privilegios de la Iglesia católica se ven en los profesores de Religión Católica, que tienen los mismos derechos que los demás, sin tener que pasar por ninguna oposición, ni someterse al traslado de centro, año tras año, como ocurre con los interinos. Estos profesores sólo deben someterse al criterio de la diócesis correspondiente, que “recomendará” al Estado su contratación. Pero también es cierto que algunos son injustamente expulsados del trabajo por iniciativa de sus diócesis, tan sólo por expresar sus opiniones… o por divorciarse. Esa violación de derechos laborales la justifica la Conferencia Episcopal Española: “los motivos de índole religiosa por los que un profesor puede perder su idoneidad como profesor de religión y moral católica no son susceptibles de evaluación por las leyes y los tribunales”. Es decir que la iglesia se sitúa unilateralmente por encima de las leyes democráticas.
La Iglesia católica “invita” a todos los padres la desobediencia civil por medio de la objeción de conciencia, derecho que no está reconocido para la Educación. Si esta objeción fuese legal y legítima como dicen los obispos, también cualquier ciudadano tendría el mismo derecho a negarse a pagar impuestos por considerar que no sabe realmente a qué se destina su dinero; o aún sabiéndolo, por motivos de conciencia no está de acuerdo con los fines o el objeto en que el Estado lo gasta. Simplemente el Estado dejaría de existir. Con su postura la Iglesia católica española cuestiona la esencia de la democracia y del Estado democrático.
No podemos olvidar que Educación para la Ciudadanía se crea siguiendo las indicaciones del Consejo de Europa, que en 2005 instó a todos los gobiernos de la Unión a “desarrollar las recomendaciones mediante el desarrollo de Políticas de educación para la Ciudadanía democrática y su puesta en marcha en los programas educativos”. De hecho ya se imparte en 19 países de Europa. Asimismo, nuestra Constitución habla de “garantizar” el derecho de los padres a una educación acorde con sus convicciones, y esto es algo que ya hace el estado cuando impone por ley que todos los centros oferten Religión Católica, privilegio que no tienen otras confesiones.
La Iglesia Católica, apoyada por el Partido Popular, enseña la doctrina de Jesús en las aulas. Sin embargo se queja de que Educación para la Ciudadanía es “adoctrinante”o que relega y olvida la enseñanza de la virtud (pretenden que la virtud es sólo un hecho religioso y católico), cuando uno de los objetivos de la asignatura es fomentar“la adquisición de actitudes y virtudes cívicas”.
En la ONU, en el año 2005, se firmaron 103 pactos o protocolos, de los que la llamada Santa Sede sólo ha suscrito 10 (menos que Cuba, China, Irán o Ruanda). Pero además, entre 1994 y 2004, las instituciones europeas han condenado a la iglesia católica hasta en 29 ocasiones por violaciones de los Derechos Humanos (más veces que a Cuba o a China). Ante hechos así, no sorprende que el pasado 13 de junio de 2007 el Vaticano haya retirado su ayuda económica a Amnistía Internacional por su apoyo al aborto; y también, por la misma razón, no haya firmado la Convención para Discapacitados. Tampoco ha firmado ni ratificado la “Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres”, pero si que ha silenciado a monjas y religiosas, como Ivonne Guevara, que reclama igualdad para la mujer en la estructura de la Iglesia.
Poco a poco el mensaje de la cúpula de la Iglesia católica se desvincula de su sentido inicial: estar al lado del pobre y del humilde. Ahora parecen estar más pendientes del dinero, de sus inversiones en bolsa: superan los 18 millones de euros anuales, en España; o de buscar remedio a los 15 millones en pérdidas, en Gescartera; o consolidarse en el mundo de la especulación inmobiliaria y financiera, que aportó al Estado del Vaticano 1.047 millones de euros (entre 2004 y 2005). En cambio, cierran iglesias como la de San Carlos Borromeo (Madrid), comprometidas con el Evangelio, con la marginalidad y la pobreza.
En su feroz crítica a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en Castilla la Mancha, también la señora De Cospedal, del Partido Popular, se atreve a calificar la asignatura de de franquista, fascista y totalitaria, sistemas políticos dictatoriales que el Partido Popular jamás ha condenado abiertamente, sin reservas, ni en el Pleno del Parlamento español, ni en el europeo, cuando han tenido suficientes ocasiones para hacerlo y desprenderse, de una vez por todas, de ese fantasma que les persigue como herederos de recientes épocas oscuras.
Miguel Esteban (To). 24 de octubre 2007
(Artículo publicado en el periódico El Día de Toledo)
Santos Ochoa Torres
Profesor de Filosofía del IES Alonso Quijano de Quintanar de la Orden
